En el 2019 Hong Kong fue noticia por las protestas iniciadas a causa del intento de Pekín de imponer una ley de extradición que le permitiera llevar a la capital a cuantos disidentes contravinieran al gobierno chino. En el 2020, el escenario puede ser peor, ya que China quiere promulgar lo más antes posible la legislación conocida como “Ley de Seguridad Nacional” cuyo articulado pretende poner nuevamente sobre la mesa temas relevantes como la extradición y la injerencia china en el sistema judicial de Hong Kong. La administración actual de la ex colonia, se supone, debería trabajar de manera libre e independiente hasta el año 2047. Ese fue el pacto entre China y el Reino Unido cuando se acordó la transferencia de soberanía de Hong Kong.
En efecto, la ex colonia británica debería administrarse de manera autónoma por medio de sus propias leyes, su propio sistema judicial, así como sus propias normas sociales y económicas. Sin embargo, hay lagunas que quedaron abiertas desde 1997. En ese año, cuando los británicos regresaron a China la soberanía de su entonces territorio, en ese preciso momento, entró en vigor un pequeño texto constitucional conocido como “Ley Básica”. Texto llamado a garantizar todas las libertades hongkonesas y que Pekín “se comprometía” a salvaguardar durante al menos 50 años. Hasta ahí, todo bien.
En el sentido anterior, el dragón chino pretende crear y aplicar la Ley de Seguridad Nacional con fundamento en el artículo 23 de esa Ley Básica que a la letra dice: “la Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes por sí misma para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, o robo de secretos de Estado, para prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros realicen actividades políticas en la región y para prohibir que organizaciones políticas u organismos de la región establezcan vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros”. Se trata de un numeral de suyo importante, pues pretende garantizar el régimen de libertades que actualmente goza el pueblo de Hong Kong y, que a su vez, pudiera convertirse en un medio desestabilizador para la propia China, o en una amenaza a la unidad nacional. Sin embargo, Hong Kong carece de una Ley de Seguridad Nacional, laguna que seguramente China pretende colmar de alguna manera. En el 2003 hubo un intento para impulsar una ley de seguridad, pero las protestas que se desencadenaron por ese intento, finalmente terminó con el proyecto. Ahora se retoma al mismo tema.
La estrategia legal es la siguiente: una vez promulgada la Ley de Seguridad Nacional, ésta sería incorporada al Anexo Tercero de la Ley Básica de Hong Kong. Ese anexo recoge la legislación del gobierno central de Pekín que “precisamente” resulta aplicable en el territorio de Hong Kong. En otras palabras, la controvertida Ley, no sería promulgada y aplicada por la administración de la ex colonia, sino que vendría directamente de Pekín. Una imposición que prohíbe del ya citado artículo 23. El fondo de este ordenamiento sería el mismo que fue suspendido en la tentativa ley de extradición del año pasado, a saber: que cualquier activista, disidente, o cualquier opositor político pueda ser juzgado directamente por los tribunales del régimen chino, que dicho sea de paso, guardan una relación estrecha con el Partido Comunista de China.
Los hechos anteriores nos dan luz sobre las protestas que últimamente han estallado en Hong Kong. Pero, ¿por qué el dragón ha elegido este momento para iniciar este procedimiento? De antemano, el gobierno chino sabía de las protestas antes del inicio de este proyecto legal. El marco de la contingencia mundial otorga a Pekín la ocasión oportuna para prohibir las oposiciones violentas al amparo de la prohibición de reuniones de más de ocho personas. Recuérdese que en Hong Kong se ha aplicado esta medida de distanciamiento social para evitar contagios, como ocurre en cualquier otra parte del mundo. Una medida que el gobierno hongkonés ha aprovechado para evitar todas y cada una de las manifestaciones en contra de la aplicación de esta Ley, obviamente, en nombre de la salud pública. Por un lado, la pandemia le da al gobierno chino, por medio del gobierno de Hong Kong, la posibilidad de arrestar discrecionalmente a todo aquel que se atreva a salir a la calle a protestar contra una medida que cambiará Hong Kong y la seguridad de sus habitantes permanentemente. Por otra parte, el resto del mundo está ocupado por controlar la pandemia y sus consecuencias, que esta crisis de libertades en Hong Kong, tal vez, no sea tan importante como el cúmulo de problemas que enfrenta cada país a causa del COVID-19.
Pareciera que el dragón no quisiera desaprovechar esta excepcional oportunidad para promulgar a toda costa la ley que nos ocupa. Es mejor que esperar 27 años. Varios países ya han ponderado la situación en caso de que resulte exitosa la política de China, pero con la reserva de que una injerencia resulte muy limitada. Estados Unidos, por ejemplo, un país con una relación comercial de más de 66 mil millones de dólares anuales con Hong Kong y un sinnúmero de empresas, es la nación a la que más le podría afectar este problema. Con el antecedente de la guerra comercial China-Estados Unidos muchas inversiones se pueden paralizar y muchas empresas pueden abandonar el territorio debido a la inseguridad e incertidumbre jurídica y social que implica esa interferencia china. Muchos grupos empresariales norteamericanos han ponderado, incluso, abandonar China si esa ley llegara a promulgarse. Donald Trum ya ha expresado su apoyo incondicional a las empresas norteamericanas radicadas en China y Hong Kong que deseen regresar a casa. Washington, ha ido más lejos, pues últimamente ha declarado que Hong Kong podría perder su autonomía.
Dados los antecedentes históricos, el Reino Unido podría ser el país que más pudiera intervenir en favor de su ex colonia por medio del otorgamiento de nacionalidad a los hongkoneses nacidos después de 1997. Y de esa manera pudieran obtener un pasaporte británico. Sin embargo, Pekín se ha enterado de esa posibilidad, así como de que el Reino Unido conforma la lista de los 122 países que exigen una investigación privada contra China por omisiones en el manejo de la pandemia, de modo que las amenazas chinas en contra de los ingleses no se han hecho esperar.
Todo parece indicar que China prepara los últimos detalles para obtener la conquista anticipada de Hong Kong. Si un acontecimiento extraordinario no lo impide, estaremos en vísperas de la toma del pueblo de Hong Kong.
Sin duda, Taiwán es un país que vive en carne propia los infortunios por los que atraviesa Hong Kong, ya que desde hace muchos años los taiwaneses han resistido exitosamente los embates del dragón. Taiwán ya ha descubierto que una garra del dragón pretendió influir en las elecciones de enero pasado. Es evidente que China ha aprendido a desplazarse rápidamente entre los sucesos políticos que atañen a sus ex territorios respecto de los cuales nunca ha perdido el interés de recuperar. El actual régimen también se ha caracterizado por el aumento de sus postulados nacionalistas en detrimento de la libertad de las personas. No olvidemos los distintos motivos detrás de las controversias China-Taiwán.
Se espera que la controvertida Ley de Seguridad Nacional pueda perfeccionarse en el transcurso de los próximos días. Mientras tanto, algunos países e importantes grupos empresariales ya han comenzado a mover sus fichas para adelantarse a ese (inminente) resultado.
Por Lic. Francisco Javier Rodríguez
Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales.
Coparmex Metropolitano.
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