No queremos una Siria en Latinoamérica.

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En el año de 1998, año electoral en Venezuela, el país había sufrido un descalabro económico y financiero provocado por la abrupta baja de los precios del petróleo. La renta petrolera cayó a bajos históricos y terminó por crear una atmósfera de frustración y rechazo a las élites tradicionales en el electorado. Estas circunstancias hicieron viable una salida política radical. Chávez ofreció sacar a Venezuela de la crisis, apoyado en una amplia plataforma electoral constituida por agrupaciones de distinta naturaleza. Una vez en el poder, el chavismo inició sendas reformas constitucionales con la finalidad de instituir la reelección indefinida del presidente, el aumento del periodo presidencial, así como incorporar a las masas en las decisiones del gobierno; por ejemplo, se ampliaron los derechos humanos para integrar los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación, los derechos ambientales y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica y el derecho de las amas de casa a la seguridad social.

En ese marco, se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), demandando al mismo tiempo la disolución de todos los partidos de alianza, incluida la que llevó a Chávez al poder, y advirtiendo que de no hacerlo, deberían irse del gobierno.  Los partidos Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se negaron a desaparecer, lo que se tradujo en agresiones, tensiones y conflictos con el presidente y otros grupos políticos afines a éste.

Dado ese contexto, también se reconocieron amplios poderes a los “consejos comunales”, una innovación participativa que se venía impulsando desde el 2006, por constituir esos grupos los instrumentos del poder popular constituyente, es decir, se trataba de crear un poder popular como una nueva forma de poder público, conformado a partir de las comunidades que se conformaban bajo el amparo, la protección y el liderazgo oficial.

Así pues, la estrategia de avanzar rápidamente hacia un modelo socialista parecido a los del siglo XX, con orientación descentralizadora de la administración pública, concentración de amplios poderes en el presidente, incorporación del partido y de las organizaciones populares en las estructuras del aparato estatal, terminaron con el debilitamiento de la alternancia y del pluralismo político  e incluso acelerando reformas sin consulta y hasta demandando confidencialidad de los otros poderes públicos, transformaciones significativas y polémicas que el bolivarismo resintió como fuerza popular y desde entonces se ha ido debilitando.

Resulta entendible que en ausencia de cualquier oposición, el régimen chavista y sus bases populares se hayan burocratizado, pues incluso se habla de una “derecha endógena” que rodea al presidente, que usan en provecho propio los derechos del Estado. Se señalan nepotismos, una boliburguesía que se aprovecha de sus contactos personales con políticos para lucrar. Grupos armados que respaldados por autoridades actúan con impunidad, una izquierda radicalizada dispuesta a todo.

Otro factor importante que propició la caída del chavismo fue el creciente deterioro en la calidad de vida en las grandes ciudades venezolanas,  ya que con urbes sucias, inseguras, con severos problemas en servicios básicos como la luz, transporte, con las familias pobres y clases medias sufriendo una hiperinflación que parece sin control, desabastecimiento de productos básicos, ningún gobierno puede ganar elecciones. Ejemplo de ello fue la derrota electoral del 2007. Sin embargo, el chavismo se ha mantenido en el poder hasta la ratificación de su último mandato.

Todos estos factores han llevado a Venezuela a la crisis que padece actualmente y que en últimas fechas ha cobrado mayor relevancia en vista de la ratificación que en Tribunal Supremo de ese país ha declarado en favor del presidente Maduro. Este fue el punto en el que la frágil estabilidad venezolana parece que finalmente  se ha fraccionado en dos bloques. Por un lado, el régimen oficial que respalda a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela conformado por los funcionarios públicos, el partido oficial y los consejos comunales prochavistas. El pasado 23 de Enero se definió el segundo frente por la manifestación de Juan Guaidò en el sentido de autoproclamarse presidente interino de Venezuela, desconociendo de esa manera el nuevo mandato de Nicolás Maduro.

Así tenemos que los actores del conflicto civil venezolano finalmente han quedado definidos, pues los grupos enfrentados tienen nombre y apellidos, así como el apoyo para cada uno de ellos. Desde hace algunos días varios países han definido su postura en favor de uno o de otro bando, pero lo más importante  es que entre esos países se encuentran potencias mundiales que han sido enemigos en otros conflictos civiles. El bloque euroasiático con China y Rusia a la cabeza han ratificado su apoyo al presidente venezolano, incluyendo a Irán, Turquía, Cuba y Bolivia en este mismo bloque; mientras que Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil y la Unión Europea encabezada por Alemania apoyan la oposición dirigida por Guaidò.

En cuanto a Venezuela, el ejército que ha sido un factor importante y un aliado incondicional del chavismo desde sus inicios en los años ochenta  ya también se ha dividido en esos mismos frentes. Los grupos militares que apoyan a Guaidò llaman a la resistencia y, en su caso, a la defensa del nuevo gobierno autoproclamado. Esta circunstancia es relevante porque con un ejército divido resulta más fácil que los países que han expresado su apoyo puedan iniciar una intervención militar auspiciada precisamente por alguna fracción de la milicia venezolana.

Ese es el panorama, y los pronósticos para una solución pacífica de este conflicto civil resultan inciertos en vista de la polarización de que ha sido objeto este tema. Sin embargo, las causas de fondo que ha originado esta crisis pueden resolverse dentro de Venezuela sin ideologías, ni señalamientos, ni mucho menos posturas nacionalistas que entorpezcan la solución, pues ese ha sido otro factor que ha impedido la salida de esta crisis.

La Comisión de Asuntos Internacionales de Coparmex Metropolitano manifiesta su preocupación por el nuevo estado que ha tomado la crisis en Venezuela, y expresa su firma intención de que las causas que han originado ese estado crítico sean abordadas y resueltas por los venezolanos sin ninguna injerencia externa.

Asimismo, esta Comisión espera que la convocatoria  al Consejo de Seguridad de la ONU iniciada por Estados Unidos  aporte alguna solución viable sin injerencias políticas ni militares en vista de que algunos de sus miembros permanentes han expresado su postura para apoyar e intervenir en Venezuela.

Por Lic. Francisco Javier Rodríguez.
Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales
de Coparmex Metropolitano.

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