¿Nueva Reforma Laboral?
Publicado por Comunicación Coparmex Metropolitano | 09 Agosto, 2016 |
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No es noticia para nadie, que la justicia en nuestro país, presenta desde hace décadas, fuertes problemas en su concepto, funcionamiento e instituciones, pues parece que el llamado “Estado de derecho”, solo es una cuestión dogmática, ya que los órganos responsables de “impartir justicia”, están severamente superados por la gran cantidad de demandas que reciben día con día, lo que ocasiona que los juicios cada vez sea menos prontos y expeditos; pero mas allá de este tema de carácter administrativo, la cuestión nodal de nuestro sistema de justicia actual, es que carece de toda credibilidad, pues penosamente, la corrupción ha venido permeando en todos los niveles y esferas de los tribunales judiciales y administrativos de nuestro país.
Lamentablemente es una realidad que en México, la justicia, en la mayoría de los casos, pertenece a quien tenga los recursos económicos, las relaciones adecuadas o ambas; incluso, como me dijo en alguna ocasión un Presidente de una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “a quien cuente mejor su mentira”. Lo anterior, al margen de la indignación y molestia que pueda causar estimado lector, es simplemente el reflejo, de lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años en nuestro sistema de justicia -si es que aún existe-.
La materia laboral en nuestro país, no es la excepción a esta gran problemática, inclusive, tristemente para quienes formamos parte del gremio, es una de las ramas mas denostadas, y no podemos esperar menos, ni ofendernos, cuando un juicio se resuelve en forma definitiva, a pesar de las reformas del 2012 -en el mejor de los casos-, aproximadamente en unos 3 años, cuando puede emitir la autoridad, sentencias (laudos) condenatorias, económicamente inverosímiles o con base en hechos que jamás sucedieron, cuando el representante del gobierno, de una Junta de Conciliación y Arbitraje, quien dicho sea de paso, debiera ser el principal garante en la impartición de justicia, como fue expuesto en el párrafo anterior, tiene completamente tergiversado el concepto.
Pero no es objeto de este artículo, exponer las razones por las cuales nuestro sistema de justicia llegó hasta estos extremos -trabajo por demás complejo-, sino exponer la posibilidad, de que en un futuro, tengamos una nueva reforma laboral, que dicho sea de paso, de concretarse, sería la mas trascendente desde 1917, fecha en la que se promulgó nuestra actual Constitución y con ello, por vez primera, se elevaron a derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores, en su artículo 123.
En efecto, esta realidad generalizada sobre el deficiente "acceso a la justicia" en nuestro país, no pasó desadvertido por el actual Gobierno Federal –lo que es digno de reconocer-, pues en el mensaje a la Nación emitido por el Presidente Peña, "Por un México en paz con justicia y desarrollo", del pasado 27 de noviembre del 2014, expresó textualmente lo siguiente:
"Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, al trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda... Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo cual provoca, que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder ella con facilidad. A pesar de esta realidad que es tan evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas".
En congruencia con lo anterior, el Presidente Peña Nieto, encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, para la elaboración de un conjunto de recomendaciones y propuestas en materia de "justicia cotidiana".
Así, entre el 15 de enero y hasta el 26 de febrero del 2015, se desarrollaron foros de consulta; durante marzo y abril de ese año, se sistematizó y analizó todo el material recogido y el CIDE, tuvo diversas reuniones con especialistas, para validar sus recomendaciones.
La conclusión integral, fue clara y contundente, "el país tiene un enorme reto en materia de acceso a la justicia"; y en materia de justicia laboral, la conclusión generalizada de empleadores, empleados, sindicatos, gerentes, organismos empresariales, abogados (tanto patronales como de obreros), operadores y funcionarios, coincidió en que la justicia es "distante, incierta, poco confiable y propicia para actividades desviadas o abiertamente corruptas".
En el mes de abril del 2015, el CIDE entregó al Gobierno de la República, los resultados obtenidos en la consulta encomendada, de lo que se obtuvo un catálogo de aproximadamente 600 problemáticas en materia de justicia cotidiana, mismas que se agruparon en 20 temas principales, para lo cual, el Gobierno Federal, organizó los llamados "Diálogos para la Justicia Cotidiana", consistente en la celebración de 17 reuniones, en las que participaron mas de 200 expertos de 26 instituciones, incluyendo representantes de la sociedad civil, investigadores, académicos, abogados e integrantes del poder ejecutivo legislativo y judicial, reuniones que fueron organizadas en 9 mesas de trabajo (la número 2, correspondiente a la Justicia Laboral), cuyo resultado se materializó el pasado 28 de abril del 2016, fecha en la que el Presidente Peña Nieto, firmó y envió a la Cámara de Senadores, un primer paquete con 8 iniciativas de reforma, 3 iniciativas de propuesta legal y la creación de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo.
Del paquete enviado a la Cámara de Senadores, 2 son relativas a la materia de trabajo:
- Iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral
- Iniciativa de reforma legal en materia de justicia laboral
En síntesis, podemos señalar que la iniciativa constitucional en materia de justicia laboral, tiene 3 principales ejes:
- Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda. Con lo anterior, desaparecerían las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje y en esa virtud, los organismos encargados de la justicia laboral, dejarían de pertenecer al Poder Ejecutivo, como hasta ahora.
- Se propone replantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a las cual, patrones y trabajadores, tengan que acudir; quedando la función conciliatoria, a cargo de Centros de Conciliación, especializados e imparciales, mismos que serán organismos descentralizados.
- Se propone fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, creando en consecuencia, un organismo descentralizado de la Administración Pública, que tendrá la facultad entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. Dicho de otra forma, se propone centralizar todos los temas sindicales, los que seguirían bajo la tutela del Poder Ejecutivo.
Por cuanto hace a la iniciativa de reforma legal en materia de justicia laboral, en congruencia con la iniciativa constitucional, las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo, descansan en los siguientes ejes:
- Necesidad de fortalecer la negociación colectiva; para lo cual se propone, modificar el trámite para depósito de contratos colectivos de trabajo y, mediante un nuevo procedimiento, la autoridad tenga plena certeza, que los empleados, están de acuerdo en celebrar el contrato colectivo; mas aún, que conocen al sindicato. Dicho de otra forma, se pretende acabar con la figura del "contrato colectivo de protección" o también llamado "contrato colectivo inactivo", figura que el patrón ha venido utilizando en forma práctica, a efecto de evitar ser extorsionado por algún sindicato.
- Mejor regulación a la prueba de recuento, mediante nuevas reglas que garanticen -en materia de disputas para determinar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo-, la voluntad absoluta e irrestricta de los trabajadores, para elegir al sindicato que debe administrar su contrato colectivo de trabajo.
Como es claro, tal y como fue referido en párrafos anteriores, derivado de la iniciativa constitucional en materia de justicia laboral, podemos afirmar que de ser aprobada, significaría un cambio de paradigma en materia procesal del trabajo, pues no solo daría paso ahora a "tribunales o juzgados laborales", sino que además, el procedimiento laboral se vería alterado, al ser la conciliación, una institución obligatoria –como sucede en muchas partes del mundo-, que deberá agotarse previo a iniciar el procedimiento "judicial". No menos importante, resulta la creación de este organismo "descentralizado", en el que se descansarían todos los temas de registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo ¿Imaginas estimado lector, el poder que tendría el responsable de este organismo, que dicho sea de paso, sería propuesto por el Ejecutivo Federal?
En una opinión personal, con la cual coinciden muchos otros especialistas en la materia, es altamente posible que sí se traslade al Poder Judicial, la impartición de justicia laboral, sin embargo, considero que la reforma en materia de registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, no pasará en sus términos, ya que "concentrar" todo el tema sindical en un solo organismo, es altamente riesgoso.
Cabe apuntar, que al margen de lo anterior, no se vislumbra en cualquier caso, que las iniciativas presentadas por el Presidente Peña, vayan a tener un impacto inmediato en nuestro sistema jurídico, pues en todo caso, serán discutidas, en el mejor escenario, en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión -a iniciar en el mes de septiembre-. En el caso de la iniciativa constitucional, además de ser discutida y aprobada por ambas Cámaras, al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos locales.
Una vez aprobada la iniciativa constitucional, por la mayoría de los congresos locales, el Presidente de la República deberá promulgarla, para que posteriormente el Congreso de la Unión y las entidades federativas, realicen las adecuaciones legislativas que correspondan, para lo cual, se propone, en la misma iniciativa, conceder el término de un año.
Por lo expuesto, es altamente posible, que derivado de la ineficacia de la reforma laboral de 2012 y de las recientes iniciativas constitucionales y legales analizadas, en un futuro -que pareciera aún lejano-, podamos contar con una nueva reforma laboral, que por beneficio de los factores de la producción (obrero y capital), ojalá sea lo suficientemente sólida, legal y robusta, para que a partir de ella, quede finalmente atrás, nuestro deficiente y anacrónico sistema de justicia laboral, y con ella se dé paso, a los juicios laborales prontos, expeditos e imparciales, como lo mandata nuestra Constitución.
Para cualquier duda o comentario, no dude en contactarnos.
Lic. Miguel A. Andrade García Alonso
Presidente de la Comisión Jurídico Laboral
E-mail: mandrade@andradeabogados.net
Tel. 7030-3529 y 7030-35-30
Celular (044-55) 3018-4948 y (044-55) 2737-6551
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